El Derecho a la Identidad de Género No Existe

No cabe la menor duda que toda discriminación es, no sólo inconstitucional, sino una grave vulneración a los Derechos Humanos, en cuanto a que toda persona posee una dignidad que le es inherente y que no se pierde bajo ningún respecto.

Sin embargo, el proyecto de ley de “Identidad de Género” no cumple con el objetivo reivindicatorio respecto de esta dignificación y, por el contrario, promueve una cosmovisión contra la naturaleza misma del hombre. El proyecto de ley en si no ofrece una solución al conflicto cultural que deviene en actos discriminatorios contra personas que son distintas en su elección de vida o bien tienen una anomalía desde su formación o desarrollo, como es el caso de los hermafroditas, intersexuales, quienes son, según OMS, los únicos auténticos transexuales.

La no discriminación es un principio fundamental, basado en la dignidad, como parte constitutiva de la personalidad del ser humano y ésta conlleva a la igualdad y libertad, lo  que se denomina “Isonomía Justa”.  Nuestra Constitución consagra estos principios a partir del artículo 1 inciso 1.

Analizando cada uno de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, ratificados y vigentes en Chile, vemos que no existe el  “derecho de identidad de género” como un derecho fundamental. Por el contrario,  encontramos interpretaciones antojadizas, donde se da una libre estructuración a los derechos fundamentales, alejados de los principios inherentes de la naturaleza humana. Tanto el Pacto de San José de Costa Rica, como los Pactos Internacionales de 1966, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en general todo Tratado vigente, que apuntan a la no discriminación, no contemplan como derecho fundamental  garantizado la identidad de género.

Es importante recordar que  los Principios de Yogyakarta son sólo principios  que  no provienen de Estados Partes   o de alguna institución de las Naciones Unidas, ni se constituye como un  Tratado Internacional, por tanto no son vinculantes ni tienen fuerza jurídica alguna.

El  tema recrudece cuando hablamos de los niños.

Sostener que la identidad de género es un constructo social o de sociabilización y comportamiento aprendido o de comunicación dentro de una determinada esfera nos llevaría a pensar que cada niño que convive dentro de un grupo familiar asistido sólo por mujeres tendría que tener una identidad femenina, (o,  en su sentido inverso, para una niña)  con prescindencia de su componente cromosomático, lo que resulta acientífico. La evidencia muestra que el niño será, se sentirá y actuará como hombre aún con un entorno femenino a lo largo de su desarrollo. La pretensión en este proyecto de ley es desconocer la raíz humana, nacemos hombre o mujer, pero no neutros, por tanto el tiempo o el desarrollo situacional, social y cultural no define lo que está dado por una naturaleza biológica.

Resulta imposible aceptar  dicha intervención, toda vez que, como muestra la evidencia científica actual, el compromiso biológico, psicológico, incluso jurídico, se encuentran concatenados

La ley actualmente establece, en materia penal y civil, la incapacidad del menor para asumir imputaciones penales o administrar sus bienes. Sin embargo, este proyecto de ley pretende desconocer de estas materias, llevando al niño a tomar la decisión de un cambio de sexo y nombre registral, sin autorización ni implicancia de los padres, con el objetivo de practicar en él un tratamiento hormonal para el freno de su desarrollo de la pubertad, como sucede en Inglaterra, donde los casos a diario superan los mil niños y ha generado una alarma importante para la comunidad científica.

Peor aún, se señala que el menor, dada su condición (con lo cual se admite la incapacidad del menor de obrar de modo razonable y consciente), podrá cambiar una segunda vez su registro sexual y de nombre. Sin embargo, esta facultad es excepcional, de modo que, si el niño, al cumplir 18 años decide cambiar nuevamente su identificación de nombre y sexo deberá probar las razones de ello, transformándose en un juicio contra la propia naturaleza de la persona, al probar su naturaleza biológica inherente. Esto constituye, sin duda, una vulneración a la dignidad de la persona, al principio de igualdad, honra, libertad, incluso a la protección de la vida que toda persona tiene garantizada.

El menor de edad alcanza su pleno desarrollo una vez cumplida la mayoría de edad, por tanto durante todo el proceso de desarrollo, a partir de su nacimiento, se verá enfrentado a cambios físicos y  psicológicos, llegando incluso a confundirse un supuesto trastorno de la identidad sexual en la infancia con  otros trastornos  propias de la edad, a saber: trastornos hipercinéticos, disociales, disociales y de las emociones mixtos, trastornos de las emociones de comienzo habitual de la infancia, Trastornos del comportamiento social de comienzo habitual en la infancia y adolescencia, etc,

De hecho es el propio CIE10 de la Organización Mundial de la Salud quien establece este trastorno como una enfermedad, que se manifiesta a partir de los 2 a 3 años; posteriormente, entre los 5 y 8 años el niño es vulnerable a toda deformación de conducta sexual que se presente en su entorno ( hablamos de una grave influencia sobre el menor en la edad donde el niño absorbe de modo inconsciente información,  sin discriminar lo bueno de lo malo y es aquí donde el proyecto de ley se transforma en un peligro para el menor). Pasada esta edad, dicha vulnerabilidad se vuelve más compleja aún, y dependiendo de la influencia externa, una manipulación psicológica, el niño podrá, tener confusión por influencia y no por naturaleza.

Cabe consignar que este trastorno de infancia  no causa excitación sexual como si sucede en el travestismo fetichista en adulto (CIE 10, F 64, F65.1)

Sin embargo, llegada la adolescencia esta situación cambia completamente. Más del 80% de los menores reconocen su propia identidad como masculino o femenina según sexo biológico. Aun cuando puedan manifestar una orientación homosexual, son escasos los menores que presentan homosexualismo (pseudo trans) en su vida adulta.

Frente a la transexualidad, este trastorno es muy poco frecuente en pre escolares, manifestándose recién en la pre pubertad, por tanto someter a un tratamiento hormonal a un infante es un despropósito, y una vulneración a los derechos del niño en términos de no dar la debida protección  a la vida, dignidad y seguridad, como bien superior de los menores.

En síntesis, el trastorno  identidad sexual en la infancia presenta diversas sub clasificaciones que el proyecto de ley no toma en cuenta. Tampoco se considera la génesis de estos trastornos.

Según estudios estos se podrían deber a abusos sexuales durante la infancia, como gran detonante  o carencias afectivas, abandonos, aislamiento social, miedos, o provocación de los adultos hacia la hipersexualización de los menores, lo que lleva  a conductas destructivas y de depresión. Por tanto resulta insólito no atender a las causas de este trastorno y dar inmediatez a un cambio de sexo registral en los niños, sin la autorización de los padres, sin informe neurológico, psiquiátrico, o por médico ad hoc. Se hace imprescindible un diagnostico exhaustivo al respecto.

El proyecto no toma en cuenta que la definición sexual opera entrada la adolescencia y de modo negligente se pretende llevar tendenciosamente al menor a un acto que podría generar en el transcurso de su desarrollo un trauma psicosocial de proporciones.

El deber fundamental es el de velar por el bien superior del niño, como consignan los Tratados Internacionales, por tanto no es posible admitir que un proyecto de ley se encargue justamente de romper esta protección por una idea que puede ser de suyo arbitraria y transitoria.

Resulta absolutamente falso señalar que si no se aplica esta norma a los  menores de 18 años se incurre en una discriminación. Por el contrario, buscamos justamente proteger al menor de un error que puede tener, en su vida futura, en su desarrollo, en su calidad de vida y en su dignidad efectos tan o más nefastos que los que se pretenden otorgar como derecho, en tanto no se ha alcanzado el pleno desarrollo de madurez físico y psicológico.

Cabe recordar que La Convención sobre los Derechos del Niño no alude, como se ha pretendido sostener, de modo tendencioso, al reconocimiento de la identidad de género en los menores, si lo hace, en sus artículos 8° y 29° respecto de la “identidad”. El art 8º estipula, respecto de preservar la identidad, incluida nacionalidad, nombre y relaciones de familia; la prohibición de privarlos ilegalmente de alguno de los elementos (o todos ellos); la obligatoriedad por parte del Estado de restituir rápidamente su identidad.

Por su parte el art 29º estipula que los Estados partes convienen en que la educación debe estar encaminada entre otras a “c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya”

En su letra d) la Convención añade que los Estados partes deben estar contestes en cuanto a educación a “ d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena”

No se puede generar leyes argumentando interpretaciones antojadizas a los tratados internacionales. Si el planteamiento base de este proyecto es el principio de no discriminación. Si este es el argumento, La legislación vigente permite realizar estos cambios en virtud de:

– la Ley 17.344 , art 1°, inc segundo, letra a) y b), que autoriza el cambio de nombres y apellidos, “cualquiera persona podrá solicitar, por una sola vez, que se la autorice para cambiar sus nombres o apellidos, o ambos a la vez, en los casos siguientes:

a) Cuando unos u otros sean ridículos, risibles o la menoscaben moral o materialmente;

b) Cuando el solicitante haya sido conocido durante más de cinco años, por motivos plausibles, con nombres o apellidos, o ambos, diferentes de los propios…”

-El inciso segundo del artículo 31 de la Ley N° 4.808 de Registro Civil, impide la imposición de un nombre equívoco respecto del sexo , por tanto, no se puede limitar a la simple observación genotípica, sino que debe corresponder efectivamente a la verdadera identidad sexual del (la) interesado(a).

– Por su parte, la petición queda garantizada en virtud del art 1 de la Constitución  Política, en primer lugar (Como dice Humberto Nogueira, “Carta Fundamental (artículo 1°) del derecho a la identidad y la dignidad de las personas, entendiendo el primero como “el conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la persona en sociedad” y el siguiente como “un valor inherente a la persona humana que se manifiesta a través de la autodeterminación consciente y responsable de su vida y que exige el respeto de ella por los demás”. ),  el artículo 19 N°1 (“1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.) Y 3° del mismo cuerpo legal (La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos)

Por tanto lo lógico era, no crear una nueva disposición legal sino que, a fin de agilizar su tramitación, realizar una reforma a la ley 17.344.  Si bien en la norma citada no figura la consignación errada del sexo en la partida de nacimiento, al permitirse el cambio de nombre, necesariamente acarrea el cambio o rectificación del sexo que se consigna en la partida. Resulta, por tanto, evidente, que una modificación a dicho artículo era suficiente para agilizar el trámite de cambio de nombre y sexo registral.

En Chile es posible cambiar de nombre y sexo registral. Así queda consignado en numerosos fallos dictados por la Corte de Apelaciones, por ejemplo, Rol 2541-09 , N° Civil- 3222 – 2012 del 2/01/2014, N° Civil-629-2013 del 2/03/2014, Rol Corte N° 597-2013 28/04/2014, N° 7633-2013. CA, 27/06/2014, entre otros.

Finalmente, esta ley vulnera total y absolutamente el derecho constitucional preferente de educar a los hijos por parte de los padres, conculca el derecho de familia y no otorga protección a la sociedad en su conjunto.

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